comisario juan carlos gattei

MAÑANA COMIENZA EL JUICIO POR EL
ASESINATO DEL GENERAL CHILENO LEAL A ALLENDE


El Cóndor y el Aguila contra Prats

El Tribunal Oral 6 de Buenos Aires trata a partir de mañana la conspiración que acabó en el asesinato del general Carlos Prats, que unió a la coordinación represiva del Cono Sur con la CIA. El acusado es el sórdido Enrique Arancibia Clavel.

Prats con Allende, últimos
tiempos de la legalidad. Pinochet reemplazó al comandante leal.



Por Miguel Bonasso
Mañana, lunes, comenzará en esta ciudad el primer juicio oral por el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, que tiene por único acusado concreto al agente de la DINA chilena Enrique Arancibia Clavel (alias Luis Felipe Alemparte) y por acusado simbólico al Plan Cóndor que estableció la coordinación represiva entre las dictaduras militares del Cono Sur, con el aval de la CIA norteamericana. El debate, abierto al público, estará conducido por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de esta Capital, integrado por José Valentín Martínez Sobrino (presidente), María del Carmen Roqueta y Horacio Alberto Vaccare. Además de la acusación fiscal, hay una querella de las hijas del matrimonio Prats (Sofía Ester, María Angélica e Hilda Cecilia) y otra del propio Estado chileno. Representados, respectivamente, por dos abogados de renombre: Alejandro Carrió y Luis Moreno Ocampo. Las audiencias se prolongarán hasta el próximo mes de noviembre, porque se ha citado a ochenta y cinco testigos, muchos de los cuales residen en el extranjero, lo que ha obligado a solicitar recursos al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Entre ellos figura el último dictador del Proceso, el general retirado Reynaldo Benito Bignone, y el célebre fiscal norteamericano Eugene Propper, acusador oficial en un caso vinculado a éste: el asesinato en Washington del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffit.

Si concurren ciertos testigos vinculados con la inteligencia militar y la coordinación represiva (lo cual todavía está por verse), la sala del tribunal se asomará al mundo tenebroso y alucinante de la contrainsurgencia hemisférica en los años setenta. Lamentablemente uno de los que figura en las citaciones, el ex agente del FBI en Buenos Aires Robert Scherrer, ya no será de la partida porque falleció tras una larguísima enfermedad que ya lo había sacado del mundo hace muchos años. Quien vive, pero será difícil que tome un avión por miedo al juez ibérico Baltasar Garzón, es el coronel de la DINA Víctor Barría Barría que fue jefe de Arancibia Clavel. También se ha convocado al antiguo vocero de Pinochet, Federico Willoughby, que según el general Manuel Contreras es agente de la CIA y participó en el encuentro entre el dictador chileno y el famoso terrorista fascista Stefano Delle Chiaie en Santiago. Delle Chiaie, a su vez, tenía nexos orgánicos con el argentino José López Rega, creador de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA).

Otro testigo de relieve es el antiguo dirigente del ala izquierda del socialismo chileno, Carlos Altamirano, que estuvo a punto de ser asesinado en México por un agente de la DINA y la CIA que participó decisivamente en el atroz atentado contra los Prats: el tristemente célebre Michael Townley.

Pero el asesino de Prats y Letelier no será de la partida, a pesar de que él fue quien puso el explosivo en el Fiat 125 del general Prats; vive una vida recoleta en Estados Unidos bajo la protección del FBI y no es amigo de los viajes largos. Hace algunos meses, uno de los fiscales que lleva la instrucción del caso Prats, Jorge Alvarez Berlanda, visitó a Townley en Norteamérica y el terrorista de la CIA y la DINA le confesó, sin problemas ni remordimientos, que había colocado el sofisticado artefacto explosivo que hizo volar ocho pisos el techo del auto y destrozó los cuerpos de Prats y su esposa. Y también confirmó que su mujer, la fascista chilena Mariana Callejas, había operado el control remoto que activó el explosivo. Fue una confesión deportiva, porque él ya está fuera del alcance de la ley y acaso lo estuvo siempre.

El business

Townley y el acusado Arancibia Clavel están unidos hace mucho tiempo en este business del terror: a fines de los sesenta integraban el famoso grupo chileno de extrema derecha Patria y Libertad, que asesinó a otro comandante del Ejército de vocación legalista y democrática, el general René Schneider, abatido en Santiago en octubre de 1970, horas antes de que el Congreso Pleno eligiera presidente constitucional de Chile al socialista Salvador Allende. El atentado fue promovido, organizado y financiado por “la Compañía” para tratar de provocar un golpe militar que impidiera el acceso del “marxista Allende” al poder. Por eso, cuando éste llegó pese a todo a La Moneda, Arancibia Clavel y otros terroristas de Patria y Libertad debieron buscar refugio en la Argentina, que siempre ha sentido debilidad por los nazis propios y ajenos. Cuando Allende fue derrocado y asesinado, Arancibia y otros subversivos regresaron a Chile para trabajar como agentes en la recién creada Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), fundada por orden directa del general Augusto Pinochet y confiada al entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, que la diseñó con una doble función: central de inteligencia y policía política (al servicio del Jefe Máximo), de acuerdo con el socorrido modelo de la Gestapo alemana.

Vuelta a Argentina

En 1974, Arancibia Clavel regresó a la Argentina para trabajar codo a codo con jefes de la Policía Federal orgánicamente vinculados a la CIA norteamericana que formaron y condujeron la temible Triple A, que asesinó a mil quinientos militantes del peronismo revolucionario y la izquierda en un año y medio. Entre los contactos sobresale el agente del 601 Juan Martín “Cristo” Ciga Correa, ex Tacuara, ex fundador del grupo Milicia, ex jefe de seguridad de la Facultad de Derecho bajo el decanato del fascista Alberto Ottalagano.

Ciga Correa ha sido sobreseído en el juicio por el asesinato de Prats en la etapa de instrucción. Otro de los vínculos del agente chileno era el comisario Héctor García Rey (también becario de la CIA a través de los cursos de la AID), que después sería jefe de policía de La Rioja por voluntad del gobernador Carlos Saúl Menem.

Arancibia Clavel trabajó con oscuros personajes de la represión argentina en una tarea siniestra: identificar chilenos exiliados para secuestrarlos o asesinarlos.

Podría decirse incluso que la represión clandestina de la Triple A comenzó antes con los desterrados de los países vecinos (Uruguay, Chile, Brasil) que con los propios nacionales. Cuando vino el golpe militar de 1976, el actual acusado llevó a cabo uno de los operativos más de intoxicación del Plan Cóndor: el blanqueo de 119 asesinatos de miembros del MIR chileno que se hicieron aparecer como “ajustes de cuentas” entre activistas de izquierda de este lado de la cordillera.

Pero sus antiguos amigos de Argentina le dieron vuelta la cara y lo metieron preso cuando la creciente enemistad entre las dictaduras de Pinochet y el ex general Jorge Rafael Videla pusieron a Chile y Argentina al borde de la guerra del Beagle. El hombre de la DINA fue acusado de espía e interrogado por algunos jueces de entonces, como José Nicasio Dibur, que mantuvieron en secreto el resultado de aquellos interrogatorios.

Un toque de farándula

En la vida multifacética y sórdida de Arancibia Clavel, a quien el propio Townley le fabricó una credencial con el falso nombre de Luis Felipe Alemparte, no faltan los detalles novelescos. Incluso episodios que lo vinculan lateralmente a la farándula, a través de su amigo íntimo y compañero de residencia, el peluquero y bailarín Hugo Alberto Zambelli, quien relatará ante la Justicia que conoció al agente de la DINA por una graciosa casualidad propiciada –sin quererlo y sin saberlo– nada menos que por Susana Giménez. En el libro Bomba en una calle de Palermo, de Edwin Harrington y Mónica González, se reproduce el testimonio deZambelli, donde cuenta cómo fue detenido su compañero y los orígenes de la relación.“

Zambelli relata que en el año 1973, siendo peinador de damas en la casa Miguelito Romano de Mar del Plata, tuvo la oportunidad de atender a la señora Mirtha Legrand y también al señor Daniel Tinayre, esposo de la misma, quien lo contrató para ser bailarín en la comedia musical Hair, actuación que se prolongó por un lapso de ocho meses.

El año 1974 volvió a Mar del Plata, esta vez para actuar en un local nocturno llamado Hidrógeno. En ese momento conoce a la actriz Susana Giménez, ‘la cual -indica Zambelli– gusta del declarante por sus actividades artísticas y lo contrata para trabajar en el teatro Astros”.

Y será allí, en el Astros, que conocerá al agente de la DINA. “A las tantas noches que salía de su actuación –prosigue Zambelli– lo espera una persona del sexo masculino, joven, que lo invitó varias veces a tomar un café y a charlar. Con el correr de los días el declarante acepta la invitación y lo lleva a casa de sus padres en Lanús.

Entramos de lleno en una relación amistosa con quien resultó ser Enrique Arancibia Clavel”. Según el bailarín, “la amistad prosigue entrañablemente hasta nuestros días, siendo así que ambos son especie de socios tanto en el departamento en el que habitan como también de unos terrenos en Tortuguitas donde construyeron una pileta de natación y una especie de quincho”.

A comienzos de los 90, cuando la jueza federal María Servini de Cubría se hizo caso del largo y adormecido expediente judicial, le dictó la prisión preventiva al agente de la DINA que anduvo algún tiempo en rebeldía hasta ser encarcelado hace cuatro años. Luego los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda formularon el correspondiente requerimiento de elevación a juicio oral, acusando a Enrique Lautaro Arancibia Clavel de ser “partícipe necesario en el homicidio del general Carlos Prats González (ex comandante en jefe del ejército chileno en tiempos de Allende) y su esposa Sofía Cuthbert Charleoni y, además por ser miembro de una asociación ilícita”. Cargo, este último, que les otorga a este juicio y otros que puedan llevarse en el futuro un carácter especial; como lo ha determinado en una reciente resolución la Cámara Federal, el propio Pinochet podría ser citado por la Justicia argentina como responsable máximo de esa asociación ilícita.

En su largo escrito, los fiscales sostienen que la acusación contra el agente de la DINA está sostenida en una sólida prueba, con variados testimonios que no dejan lugar a dudas. También rechazan –basándose en otros testigos– la coartada del acusado: que no estaba en Buenos Aires en la madrugada del 30 de setiembre de 1974, cuando los Prats fueron asesinados.

Tras 26 años de dilaciones –y faltando todavía acusados en el banquillo– parece haber llegado la justicia para esa rareza sudamericana que fue el general chileno Carlos Prats: un militar que pagó con su vida y la de su esposa su estricto apego a la Constitución y la democracia.




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El comisario Gattei, una pista que señaló Walsh

En 1977, el escritor desaparecido señaló a este y otros comisarios de la Federal como cómplices del atentado contra Prats. Gattei será testigo.



Por M. B.

El próximo jueves 11 de octubre comparecerá ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 6 un testigo muy significativo, el comisario retirado Juan Carlos Gattei, que en 1974 era jefe de la División de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina y tenía a su cargo la seguridad del general Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert. En 1977, el periodista y escritor Rodolfo Walsh acusó al comisario Gattei de haber tenido una “segura participación” en el asesinato del militar que debía proteger. El policía está citado como testigo y no como imputado, pero en el expediente consta que llegó a la escena del crimen apenas cinco minutos después de que fuera perpetrado el atentado.

En su célebre “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, de marzo de 1977, el primer aniversario de la dictadura, Rodolfo Walsh incluyó un párrafo corto pero muy significativo donde ligaba el asesinato del general chileno y su esposa (que tuvo lugar durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón) con hechos similares ocurridos con otros exiliados de países limítrofes durante el primer año del Proceso.

Decía Walsh en su recordada filípica: “La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, de Zelmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. La segura participación en estos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de M. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en la Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional”.

Walsh sabía de lo que hablaba cuando vinculaba orgánicamente a la División de Asuntos Extranjeros de la Federal con la estación local de “la Compañía”: en su libro “CIA Diary-Inside the Company”, el ex agente Philip Agee revela que la Policía Federal Argentina “es el principal servicio ligado a la estación (de la CIA) en Buenos Aires y se usa para grabar llamadas telefónicas y realizar operaciones conjuntas. Su criptónimo es BIOGENESIS” (página 600, Penguin Books, 1975). A la luz de lo que se fue sabiendo después, la cita de Walsh cobra singular actualidad.
El comisario Gattei tenía a su cargo la protección del matrimonio Prats. Lo menos que se puede decir de él es que a las 0.40 del lunes 30 de setiembre de 1974 falló ostensiblemente en su cometido. Una poderosa bomba, insertada en el Fiat 125 del general Prats acabó con su vida del militar y la de su esposa. Testigos fundamentales como la vecina María Leyes de Trucco denunciaron haber visto autos, un grupo de diez personas jóvenes merodeando y un inexplicable apagón en la calle Malabia. Pero nada de esto fue advertido por el comisario a cargo de la seccional 23, Vicente Andrés Brizzio, que negó la existencia de sospechos. (Brizzio también declaraeste jueves.) La 23, que tuvo a cargo el procedimiento, anduvo lenta y recién se enteró por una llamada telefónica anónima, en tanto que el comisario Gattei se descolgó por la escena del crimen apenas cinco minutos después. No fue el único: agentes de Seguridad Federal llegaron antes que la comisaría y subieron al departamento del matrimonio, teóricamente para controlar que no hubieran colocado otro explosivo.
Antes del atentado, un supuesto policía de custodia estuvo haciéndole preguntas al portero, Carlos Alberto Weiss, acerca de las rutinas de los Prats. El desconocido dijo que debía saberlo porque se ocupaba de su custodia. El general Prats nunca se enteró de esa custodia. Después del atentado un grupo de policías, reales o supuestos,interrogaron largamente al ex embajador chileno Ramón Huidobro, en cuya casa los Prats habían pasado su última velada, pero ese interrogatorio nunca se incluyó en la causa. ¿Eran servicios de la DINA o la CIA? En todo caso eran argentinos. Lo cual es lógico: resultaría ingenuo pensar que extranjeros podían haber operado sin el visto bueno y el área liberada por los locales.

Pero hay más. El comisario Gattei no declaró en la primera etapa del proceso judicial a cargo del juez Nocetti Fasolino. Y luego tuvo conductas muy curiosas. Según los periodistas Edwin Harrington y Mónica González, autores del libro Bomba en una calle de Palermo, desvió las investigaciones ¡hacia los exiliados chilenos! De los cuales llenó cientos de fichas que sirvieron para el catastro represivo de ambos países.

Gattei recibió la visita del agente del FBI Robert Scherrer, quien le explicó que el artefacto utilizado era sumamente sofisticado. No debió tomar nota, porque la pericia de la Federal habla de una bomba “de fabricación casera” y descarta que haya sido accionada por control remoto. También recibió la visita de Gerónimo Adorni, un amigo argentino de Prats, quien le comunicó que el militar chileno había recibido amenazas. Pero no lo recordó cuando se lo preguntó otro juez del caso, el doctor Juan Eduardo Fégoli. Nadie le preguntó hasta ahora si es verdad lo que Walsh escribió sobre él y el comisario Gettor.

Tampoco sobre dos datos interesantes citados por Harrington y González, que Gattei y Gettor “habrían integrado un grupo operativo de la Triple A de López Rega, encargado de la eliminación de extranjeros”. Que ese equipo de policías entrenados en Estados Unidos “habría funcionado en una casa de la calle San José”, muy cerca del Departamento de Policía. Y que en la misma dirección donde estaba la oficina del comisario Gattei, en Moreno 1417, funcionaba una delegación de la DINA chilena.